Desde el 7 de junio de 2025, España ha implementado una nueva normativa que prohíbe a las empresas realizar llamadas comerciales desde números móviles. Esta medida busca combatir el creciente problema de las llamadas indeseadas, que cada día afectan a miles de ciudadanos, convirtiéndose en un verdadero suplicio debido a la insistencia de las compañías.
La prohibición se enmarca dentro del Plan Nacional contra las estafas telefónicas y por SMS, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. A partir de ahora, las llamadas comerciales deberán realizarse exclusivamente desde números fijos geográficos, números gratuitos (que comienzan por 800 o 900) o números cortos autorizados, como los utilizados en atención al cliente.
Las operadoras de telecomunicaciones están obligadas a bloquear automáticamente todas las llamadas y mensajes que incumplan esta normativa, lo que incluye tanto las comunicaciones comerciales desde móviles como aquellas que emplean técnicas de suplantación, conocidas como spoofing.
La implementación de esta normativa se ha llevado a cabo por fases. El 7 de marzo de 2025 se inició el bloqueo de llamadas y SMS desde números no asignados y de origen internacional que intentaban simular numeraciones españolas. Con la entrada en vigor del 7 de junio, se establece la prohibición total de llamadas comerciales desde líneas móviles.
Desde el comienzo del plan, las operadoras han logrado bloquear más de 14 millones de llamadas fraudulentas y más de 800.000 SMS sospechosos. Esto equivale a eliminar, en promedio, unas 235.600 llamadas y 10.000 mensajes diarios que podrían haber sido utilizados para fraudes o acoso comercial.
Esta restricción impacta directamente a sectores como el telemarketing, aseguradoras, entidades financieras e inmobiliarias, quienes deben adaptar sus sistemas a la nueva normativa, bajo la amenaza de multas de hasta 2 millones de euros en caso de incumplimiento, según la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de Atención al Cliente.
El objetivo principal de esta medida es ofrecer mayor transparencia y seguridad al usuario, permitiendo que los ciudadanos puedan identificar con claridad quién les llama y decidir si desean atender la comunicación. También se espera reducir prácticas ilícitas como el phishing telefónico, el robo de datos, o las estafas relacionadas con premios y encuestas falsas.
Ante la posibilidad de recibir llamadas irregulares, se aconseja a los usuarios no facilitar datos personales o bancarios, bloquear el número en su teléfono, guardar un registro de la llamada y denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Además, se recomienda inscribirse en la Lista Robinson y activar filtros de bloqueo de spam en sus dispositivos.
Con esta legislación, España se alinea con otras normativas europeas que buscan mitigar la saturación de llamadas comerciales, garantizando así un entorno telefónico más seguro y menos intrusivo para todos los ciudadanos.
