Ceuta enfrenta una nueva y crítica oleada migratoria que ha vuelto a poner al límite la capacidad de la ciudad autónoma, llevando a su presidente, Juan Vivas, a solicitar la activación de un plan de «emergencia nacional». En menos de dos semanas, alrededor de 2.000 personas han logrado acceder a Ceuta por vía marítima, marcando el episodio de mayor presión migratoria desde la crisis de mayo de 2021, aunque con un contexto operativo diferente al estar la frontera terrestre cerrada. Muchos españoles abandona Ceuta, y se marcha la península.
Cientos de personas, incluyendo familias enteras, están cruzando la frontera a nado, rodeando el espigón fronterizo del Tarajal sin oposición aparente de las fuerzas de seguridad marroquíes. Este método de entrada se ha convertido en la vía principal, ya que la frontera terrestre permanece clausurada. Entre los recién llegados, se cuentan aproximadamente 500 menores extranjeros no acompañados, lo que ha obligado a habilitar recursos extraordinarios para su atención, y también 18 mujeres marroquíes, un perfil poco habitual.
La situación ha desbordado los recursos de acogida. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para 512 plazas, actualmente aloja a 727 personas, mayoritariamente de origen magrebí. Muchos otros migrantes permanecen dispersos en los alrededores, improvisando campamentos a la espera de una plaza.
Esta creciente presión coincide con un trágico aumento en el número de fallecidos en la ruta marítima. En menos de veinticuatro horas, se recuperaron cuatro cuerpos sin vida en distintos puntos del litoral ceutí, elevando a 31 las personas fallecidas localizadas en las costas de Ceuta desde comienzos de año. Estas cifras solo incluyen los cuerpos recuperados por los servicios de rescate.
Ante la gravedad, el presidente Juan Vivas ha demandado al Gobierno central un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, financiación adicional para los recursos de acogida, la creación de un mando único de coordinación y una mayor capacidad para gestionar la llegada de menores. La gestión se complejiza por un escenario jurídico inédito: la doctrina del Tribunal Supremo que obliga a tramitar un procedimiento administrativo individualizado para quienes acceden a Ceuta por mar, al no considerar aplicable el «rechazo en frontera» para quienes llegan a nado.
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