La Delegación Municipal de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chiclana ha dictado durante el primer semestre de este año 29 resoluciones definitivas de demolición, de las que 26 afectan a propiedades situadas en suelo rústico y tres corresponden a ampliaciones de viviendas en suelo urbano en Novo Sancti Petri.
Por otra parte, durante los seis primeros meses del año, también se han llevado a cabo quince actuaciones de paralización y precinto en suelo rústico, donde la normativa impide edificar o parcelar. Estas intervenciones se han desarrollado en distintos puntos del término municipal, entre ellos El Marquesado, Pinar de los Franceses, Majadillas, Los Llanos, Pago del Humo, Carboneros y Pago Melilla, lo que, según Urbanismo, evidencia que estas «no se concentran en una zona concreta, sino que existe una gran dispersión».
Las actuaciones afectan a una superficie superior a 99.000 metros cuadrados, en la que se han detectado más de un centenar de terrenos con diferentes grados de construcción, incluidos sus vallados. Entre ellas destacan tres parcelaciones de grandes dimensiones: una en el Pago de Dehesa de la Raya, con más de 18.000 metros cuadrados; otra en Pago Melilla, de alrededor de 15.000 metros cuadrados; y una tercera en El Marquesado, que supera los 10.000 metros cuadrados.
Asimismo, Urbanismo destaca la atomización de parcelas detectada en la zona de Carboneros, donde muchas de ellas no alcanzan los 500 metros cuadrados.
Todo ello supone “un incremento importante, ya que en 2025 se paralizaron y precintaron quince,, con una superficie total aproximada de 6,5 hectáreas. Además, hay que recordar que ese año se dictaron 23 resoluciones definitivas de restablecimiento de la legalidad urbanística”, señalan desde el Consistorio.
Por otro lado, recuerda que durante esos doce meses se remitieron a la Fiscalía 22 denuncias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Además, subraya que este 2026 se ha dictado la sentencia 109/2026 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cádiz, que condena solidariamente a dos personas a un año y ocho meses de prisión, una multa de 3.360 euros y dos años y seis meses de inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción o edificación, así como a la demolición de varias edificaciones y de la totalidad de los cerramientos.
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