España tiene que terminar con la tarifa regulada de la luz, que afecta a alrededor de 9 millones de hogares. Ese es el reclamo que ha puesto sobre la mesa Bruselas, según un informe consultado por 20minutos y La Información Económica con fecha de este lunes sobre los precios del suministro de electricidad basados en el mercado, la competencia eficiente en el mercado minorista y el fomento de la remuneración de la flexibilidad en los contratos minoristas, remitido tanto a los 27 como al Parlamento Europeo.
La dinámica, según recoge la Comisión Europea, revela disparidades significativas: por ejemplo, el 18% de los hogares en Portugal, el 27,3% en Lituania, el 29% en España, el 57% en Francia y el 63% en Polonia siguen dependiendo de tarifas reguladas. Estos países informan de la adopción de medidas para mejorar la competencia y de que están llevando a cabo un seguimiento de los avances. «Sin embargo, no todos ellos han fijado fechas claras para la revisión de sus regímenes», insiste el Ejecutivo comunitario. Además, Bruselas insiste en que ese formato daña la competencia y avisa de que se debe prevenir el quiebre de las comercializadoras.
La tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es un sistema en el que el precio de la electricidad no lo fija libremente una compañía, sino que está supervisado por el Estado y varía cada hora según el mercado mayorista. Está disponible para hogares con potencias contratadas bajas y se contrata a través de comercializadoras autorizadas.
La posición de Bruselas en el informe tiene matices, pues la Comisión reconoce que las tarifas reguladas pueden ofrecer estabilidad puntual, advierte que estas intervenciones suelen debilitar las señales de precio, reducir los incentivos para la eficiencia energética y, en última instancia, perjudicar la competencia dentro del sector a largo plazo. Con todo, en el camino que le marca a España y otros Estados miembros, el Ejecutivo comunitario reclama una transparencia total y un trato no discriminatorio entre los distintos operadores para preservar, dice el documento, «una competencia efectiva» entre ellos.
No obstante, Bruselas valora positivamente elementos que incluye España como por ejemplo el bono social y el informe asegura que puede mantenerse como una herramienta de protección para consumidores vulnerables, siempre que forme parte de una estrategia estructural y más amplia de lucha contra la pobreza energética.
Al mismo tiempo, la reforma que reclama la Comisión Europea pone el foco en la solvencia financiera de las empresas suministradoras para evitar que se repitan las quiebras vistas durante la crisis energética de 2021 y 2022. La Comisión señala que muchos operadores sufrieron estrés financiero por no contar con estrategias adecuadas de cobertura o hedging ante la volatilidad de los precios mayoristas, lo que terminó trasladando costes adicionales a los usuarios finales tras la invasión de Ucrania.
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