El jurado popular ha declarado inocente a las dos personas juzgadas en la Audiencia Provincial de Cádiz acusadas del asesinato de un hombre, de nacionalidad holandesa, el pasado 15 de enero de 2022, que fue hallado con un tiro en la cabeza en Chiclana de la Frontera, supuestamente ejecutado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que la Fiscalía pedía para los acusados 28 años de cárcel, 23 de ellos por el delito de asesinato, a lo que añadía cuatro más por tenencia ilícita de armas y daño mediante incendio, y una indemnización a su viuda e hijo de 274.000 euros. La defensa, por su parte, pedía la absolución de ambos al argumentar en su escrito que no se encontraban en la provincia de Cádiz en el día del hecho a juzgar.
En el escrito de calificación de la Fiscalía se exponía que los dos acusados, «provistos de un arma corta de fuego para cuya tenencia carecían de la preceptiva licencia», se desplazaron desde Málaga a Chiclana de la Frontera en un coche de alquiler y dispararon contra la víctima en la sien en el Polígono Pelagatos.
Tras el asesinato, la Fiscalía argumentaba que los acusados condujeron hasta la zona del pinar de los Franceses, a unos nueve kilómetros de distancia del lugar donde se cometió el crimen y prendieron fuego al vehículo con el ánimo de «eliminar restos identificativos» que pudieran relacionarlos con el caso.
La Guardia Civil detalló tras el arresto de cinco personas por este suceso que la víctima realizaba actividades relacionadas con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Holanda y Francia. Así, se informaba de que la víctima estaba relacionada con un caso de narcotráfico de la «mocro mafia» holandesa.
Por su parte, la defensa expuso que la víctima figuraba como testigo protegido tras destapar y declarar a la policía contra el líder de la «mocro mafia» holandesa y que viajó a España desde su país días antes del suceso porque «tenía concertada una cita previa muy importante, en Conil, con dos personas pertenecientes a la organización criminal a la cual pertenecía», personas «totalmente ajenas» a sus defendidos.
En ese sentido, argumentó que los dos acusados no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que sucedió el asesinato, ya que estaban en la provincia de Málaga uno y fuera de España otro. No obstante, reconoce que uno de sus defendidos era conocido de la víctima y que ambos comieron con ella en los días previos a su muerte, aunque señalando que tras estos encuentros «no volvieron a tener contacto alguno con la víctima».
«En el momento en el que se lleva a cabo el incendio del vehículo y fruto de las investigaciones policiales y de las declaraciones de todos los testigos, se ha podido comprobar que mis patrocinados nunca estuvieron en el lugar de los hechos ni del incendio del vehículo», señaló la defensa, advirtiendo que «las únicas personas que fueron vistas en el lugar del incendio del vehículo eran dos personas, que ostentaron la condición de investigados al principio de la causa, y que más tarde y sin explicación alguna fueron apartados de la misma».
Además, resaltó que los dos acusados no cuentan con antecedentes previos a este caso, que uno de ellos está jubilado y el otro «de baja por depresión». Para la defensa, «es conocido que sobre la víctima había un «precio por su cabeza» y que llevaba tiempo huyendo de la mafia holandesa», siendo asesinado «por un ajuste de cuentas organizado directamente por la organización a la que un día perteneció y después traicionó».
Con todo ello, el jurado popular ha determinado que ambos acusados son inocentes al considerar que no había pruebas por la ausencia de testimonios directos ni que permitan acreditar que fueran los que incendiaran el coche del asesinado para eliminar posibles pruebas incriminatorias.
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