El Congreso de los Diputados ha rechazado formalmente este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno, una decisión anticipada dada la mayoría absoluta de 178 votos en contra, con el apoyo de PP, Vox, UPN y Junts per Catalunya. Mientras tanto, el Ejecutivo solo logró retener 164 votos afirmativos, y las cuatro abstenciones procedentes de Podemos y Águeda Micó de Compromís, evidencian un malestar creciente dentro de la coalición que respaldó la investidura de Pedro Sánchez hace dos años.
Durante el debate, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, dejó clara su postura al afirmar que “no podrá contar con nuestros votos”, consolidando así la negativa hacia la senda de déficit presupuestario que establece el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que, a pesar de la falta de apoyo parlamentario, los presupuestos se presentarán, aunque esta misma propuesta ya había sido rechazada anteriormente, lo que resultó en la prórroga de las cuentas públicas para 2023.
La falta de consenso es evidente, dado que, un año después de que JxCat criticara el margen de déficit del 0,1% destinado a comunidades autónomas como insuficiente, el panorama se mantiene inalterado, lo que ha llevado al pleno del Congreso a rechazar nuevamente los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este veto significará un recorte de 5.485 millones de euros en la capacidad de gasto para las autonomías, afectando áreas críticas como sanidad y educación.
A pesar de que el veto de Junts fue determinante, la vicepresidenta Montero centró su crítica en el Partido Popular, resaltando que su negativa perjudica a las comunidades autónomas que ellos mismos gobiernan. Afirmó que el PP debería explicar su postura contradictoria, al reclamar más recursos y, al mismo tiempo, votar en contra de su aprobación. “Es el mundo al revés”, lamentó la ministra.
El portavoz del PP, Juan Bravo, reafirmó la postura de su partido, declarando que “votaremos que no” y argumentando que no es apropiado presentar objetivos de estabilidad en un contexto de inestabilidad gubernamental. Además, criticó al Ejecutivo por lo que considera un intento de desviar la atención de “tramas de corrupción” al plantear objetivos que, a su juicio, no contarán con el apoyo necesario.
Así concluye otro episodio en la compleja dinámica política del país, donde los acuerdos económicos parecen seguir siendo un reto en un contexto de división y desacuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias.
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