La Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha detenido a la presunta autora de una estafa continuada cometida contra una persona de avanzada edad, a la que consiguió convencer para que realizara 330 transferencias bancarias por un importe total superior a 115.000 euros. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.
Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la investigación tuvo su origen cuando la entidad bancaria de la víctima, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre el Banco Santander y la Cibercomandancia de la Guardia Civil para la detección y prevención de fraudes sobre personas vulnerables, detectó una operativa económica incompatible con el perfil habitual de la clienta. Eso hizo que presentara la correspondiente denuncia al considerar que podía estar siendo víctima de una estafa.
Así, tras la recepción de la denuncia, los especialistas de la Cibercomandancia iniciaron un exhaustivo análisis de la operativa financiera y de los elementos tecnológicos asociados a los hechos, constatando que la perjudicada llevaba un largo periodo realizando numerosas transferencias a favor de una misma persona.
Las primeras gestiones permitieron reconstruir el recorrido del dinero y establecer las líneas de investigación que, posteriormente, fueron desarrolladas de forma coordinada con el Equipo de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera.
La investigación permitió determinar que la víctima había conocido, a la ahora detenida, a través de una psicóloga de un servicio asistencial, completamente ajeno a los hechos investigados. A partir de ese momento, la presunta autora fue estrechando la relación de confianza con la mujer hasta conseguir que esta accediera a prestarle ayuda económica de forma continuada.
Según ha indicado la Guardia Civil, inicialmente la detenida alegó atravesar una delicada situación de salud y solicitó diversas cantidades de dinero para hacer frente a supuestos gastos médicos, tratamientos, desplazamientos, trámites administrativos y traslados en ambulancia. Posteriormente, cuando dejaron de concurrir estas circunstancias, comenzó a justificar nuevas peticiones económicas asegurando que era su hijo, que residía en Sudamérica, el que atravesaba una difícil situación y necesitaba ayuda urgente.
Como consecuencia de este engaño continuado la víctima efectuó 330 transferencias bancarias, por un importe total superior a 115.000 euros, convencida de que estaba prestando ayuda económica a una persona que lo necesitaba.
El elevado grado de confianza alcanzado quedó reflejado en diversos episodios acreditados durante la investigación, como que la perjudicada llegó a custodiar en su domicilio dos tarjetas bancarias pertenecientes a la ahora detenida, después de que esta le manifestara que prefería dejárselas para evitar perderlas. Esta circunstancia reforzó en la víctima la convicción de que mantenían una relación basada en la confianza mutua.
Esa misma confianza llevó a la perjudicada a acudir posteriormente a una notaría para formalizar un contrato privado de préstamo entre particulares por importe de 22.000 euros, con la esperanza de que el dinero le sería reintegrado en el plazo acordado. La formalización de este documento contribuyó a dotar de apariencia de legitimidad a las continuas solicitudes económicas realizadas por la presunta autora.
No obstante, el análisis de la trazabilidad de los fondos, unido a las diligencias de investigación desarrolladas por la Cibercomandancia, permitió identificar al presunto beneficiario del dinero. Una vez plenamente identificado, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera practicó las gestiones operativas que culminaron con la localización y detención de la presunta autora de los hechos, que tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión provisional.
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