El que fue presidente del FC Barcelona entre el 23 de enero de 2014 y el 28 de octubre de 2020, Josep María Bartomeu, ha defendido que el club pagara 1,7 millones de euros en honorarios al abogado José Ángel González Franco por el acuerdo de conformidad al que llegó el Barça, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el ‘caso Neymar’ y que supuso un ahorro para el club de 17 millones de euros.
Así lo ha explicado este jueves Bartomeu, que ha declarado en calidad de investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, que le investiga por un presunto delito continuado de administración desleal en relación a tres operaciones financieras del club.
Según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, Bartomeu ha explicado que González Franco era su abogado en el ‘caso Neymar’ y que, posteriormente, el club blaugrana (representado por otro letrado) le encargó a él negociar el acuerdo de conformidad.
En esa reunión, González Franco reclamó cobrar 2 millones de euros, acordándose finalmente que recibiría el 10% de lo que consiguiese que el club se ahorrase en la multa, una decisión que fue aprobada por la Junta Directiva.
Finalmente, la Audiencia de Barcelona condenó al Barça a pagar 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales en la operación del fichaje de Neymar da Silva, de los 22,2 millones que inicialmente solicitaba Fiscalía, por lo que González Franco cobró 1,7 millones.
El Ministerio Público sostiene en la denuncia consultada por Europa Press que Bartomeu, «omitiendo los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva», junto a Òscar Grau e Ignacio Mestre, acordaron el pago de 950.000 euros y la emisión de una factura final de 769.111,94 euros a favor del abogado sin haber sometido a votación dicho acuerdo a la Junta Directiva.
Además de entender que supondría un conflicto de intereses actuar en nombre de Bartomeu y del Barça, pone en duda la participación de González Franco en el proceso judicial, pues sostiene que estos pagos se realizaron «sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad».
DENUNCIA
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona al juzgado tras la denuncia ante la Fiscalía del Secretario de la Junta Directiva del Barça en enero de 2022, motivo por el que se ordenó a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d’Esquadra que indagara sobre la gestión de los fondos del club durante el mandato de Bartomeu.
De esta investigación, la Fiscalía sostiene que «han resultado acreditados hechos que se estiman indiciariamente constitutivos de un delito continuado de administración desleal» y que se podrían haber hecho pagos indebidos que ascenderían a los 4 millones de euros.
Se basa en que hasta diciembre de 2017, si el importe de los contratos firmados por el club excedía los 200.000 euros tenía que ser la Junta Directiva quien los aprobase y, a partir de esa fecha, se creó el Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones.
Este órgano era el encargado de aprobar las operaciones mercantiles por importes comprendidos entre los 200.000 euros y 1 millón de euros, de forma que los que excediesen esa cantidad, tenían que ser aprobados igualmente por la Junta Directiva.
OTRAS DOS OPERACIONES
No obstante, la Fiscalía señala que el que fue presidente de la entidad deportiva, «en el ejercicio de su cargo» y en connivencia con terceras personas, participó en varios hechos que considera que podrían haber perjudicado al club.
Además del acuerdo del ‘caso Neymar’, hace referencia al fichaje de Malcom, un delantero procedente del Club FC Girondins Bourdeaux, en el que asegura que se abonaron comisiones «a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador» y que podrían haber causado un perjuicio económico al FC Barcelona.
Sin embargo, según las fuentes judiciales consultadas, este jueves la Fiscalía no ha formulado ninguna pregunta en referencia a este fichaje.
El Ministerio Público también cuestiona que el Barça pagara 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las molestias que las obras del Espai Barça causarían al club de tenis, con el fin de evitar que se paralizaran.
El Ministerio Público atribuye el mismo delito que a Bartomeu al exdirector general del Barça, Òscar Grau, y al exdirector de los servicios jurídicos del club blaugrana, Roman Gómez Ponti y, un presunto delito de administración desleal al exdirector general del club, Ignacio Mestre; al exvicepresidente deportivo, Jordi al exvicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y al abogado José Ángel González Franco.
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