En un discurso pronunciado este martes durante el World Governments Summit en Dubái, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de cinco medidas con el objetivo de combatir el abuso de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro para todos los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes.
Sánchez ha señalado que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”. Ante esta situación, el mandatario ha planteado la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, una iniciativa que se llevará a cabo mediante la obligación de las plataformas digitales de implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
Esta medida se contempla ya en el proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales, el cual se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso español. La preocupación por la seguridad en línea no es exclusiva de España; países como Portugal y Francia también están considerando legislaciones similares, reflejando un creciente consenso europeo sobre la necesidad de regular más estrictamente el uso de estas plataformas.
Además de proteger a los menores, Sánchez busca acabar con la impunidad que han disfrutado muchos directivos de estas empresas. El presidente propone que estos sean considerados responsables de las infracciones cometidas en sus plataformas, especialmente en casos donde no se eliminen contenidos ilegales o discursos de odio. Esta responsabilidad se enmarca en un contexto más amplio de regulación que incluye la manipulación de algoritmos y la difusión de contenido ilegal, que serán clasificados como delitos.
Como parte de este ambicioso plan, Sánchez también ha anunciado la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que facilitará el establecimiento de una Huella de Odio y Polarización, herramientas fundamentales para identificar y mitigar los efectos negativos que estas dinámicas tienen en la sociedad.
Con estas iniciativas, el Gobierno español busca no solo proteger a los menores, sino también establecer un marco regulatorio claro que garantice un uso responsable y seguro de las redes sociales, en un momento en que la digitalización y la interconexión son cada vez más predominantes en nuestras vidas.
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