La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado, avanzado por ABC, en el marco del caso de los cursos de formación para desempleados en Andalucía. Según este informe, de 35 páginas y remitido el 25 de marzo al magistrado instructor José Ignacio Vilaplana, la Junta de Andalucía concedió ayudas de formación por 950 millones de euros durante los gobiernos del PSOE que quedaron sin justificar y sin que se abrieran los correspondientes expedientes de reintegro.
Qué dice el informe
El documento concluye que hubo irregularidades en todas las fases del proceso, desde la concesión de las subvenciones hasta su gestión y justificación posterior. La UCO señala que la falta de seguimiento causó un perjuicio a los fondos públicos, entre otras causas por conceder y justificar ayudas incumpliendo la normativa, no exigir reintegros y no sancionar las infracciones detectadas.
La investigación se centra especialmente en las 18.023 ayudas relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo, de las cuales 6.273 corresponden al periodo 2009-2012. Para poner el caso en contexto, entre 2002 y 2012 la Junta destinó en total 2.896,48 millones de euros a programas de formación.
Reacción política
El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha calificado el caso como una muestra de que «el manantial inagotable de la corrupción» del PSOE-A «sigue brotando décadas después». Según sus declaraciones, se trataría de en torno a 3.000 millones de euros de dinero público repartidos sin los controles pertinentes entre 2009 y 2012, y ha apuntado que el atestado abre la puerta a que puedan ser investigados responsables políticos de la presunta trama.
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