El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se enfrenta desde este lunes a una nueva semana de huelga convocada por los médicos en Cádiz y el resto de Andalucía, que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de abril. Esta movilización vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que permanece abierto debido al rechazo de los facultativos al nuevo Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central.
Los paros llegan tras precedentes preocupantes: en la última huelga de marzo se suspendieron más de 256.000 actos sanitarios, incluyendo consultas, pruebas e intervenciones. Sumando los paros de diciembre y febrero, la cifra total supera los 767.000 servicios asistenciales cancelados, con un impacto económico estimado superior a los 111 millones de euros.
En Cádiz, donde la presión sobre el sistema sanitario es ya un tema de debate, esta convocatoria genera inquietud tanto entre pacientes como entre profesionales, especialmente en Atención Primaria, uno de los sectores más afectados en jornadas anteriores.
Reivindicaciones mantenidas y seguimiento incierto
Los médicos mantienen sus demandas: rechazo al borrador del Estatuto Marco, mejoras laborales, regulación clara de las guardias médicas, jornada laboral de 35 horas semanales, mayor estabilidad en el empleo y una mesa propia de negociación para la profesión. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha advertido que la huelga continuará hasta que no se produzcan avances tangibles en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.
Uno de los principales puntos de fricción es la carga de trabajo, con profesionales que denuncian jornadas excesivas y una falta de reconocimiento adecuado de su formación y responsabilidades.
Aunque el seguimiento oficial de las huelgas anteriores osciló entre el 20% y el 30%, se teme que esta nueva convocatoria afecte de nuevo a miles de consultas, poniendo en alerta al sistema sanitario en una semana clave para la planificación asistencial.
Respuesta institucional y futuro del conflicto
Desde la Junta de Andalucía han expresado su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones y han asegurado estar trabajando para minimizar el impacto en los pacientes, así como para mantener la atención sanitaria mediante el Plan de Garantía Sanitaria que busca aliviar las listas de espera.
El conflicto, sin embargo, continúa enquistado. Los representantes médicos denuncian la falta de avances y respuestas concretas, mientras que la Administración advierte de que las repercusiones afectan directamente a los ciudadanos.
En un contexto donde la sanidad pública es un asunto sensible, sobre todo en Cádiz, la huelga que se desarrollará del 27 al 30 de abril vuelve a situar la salud en el centro del debate público, con consultas aplazadas, posibles retrasos y un pulso institucional que aún espera solución.
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