El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus apuestas más ambiciosas en el plano europeo: un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE). La propuesta presentada durante el congreso de los socialistas europeos en Ámsterdam pretende reforzar el pilar social de la Unión y combatir la desigualdad entre los Estados miembros.
Sánchez llamó a sus compañeros de partido y a las formaciones socialdemócratas del continente a movilizarse frente al auge de la ultraderecha, defendiendo «una vida mejor para nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común en toda la Unión Europea». Esto supone un debate acerca de las actuales condiciones laborales, los salarios y la protección social en los 27 países miembros de la UE.
La propuesta de un salario mínimo común se enmarca en un contexto en el que las diferencias retributivas entre países de la UE son abismales. El salario mínimo mensual más alto lo ostenta Luxemburgo: 2.704 euros. En el extremo contrario se sitúa Bulgaria, con apenas 551 euros mensuales.
España se encuentra en el medio de la tabla y es que no es de los países donde el salario mínimo sea de los más altos, pero sí está en un lugar intermedio. El SMI vigente desde el 11 de febrero de 2025 se establece en 16.576 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros.
Las cifras reflejan que, en términos brutos, un trabajador en Luxemburgo con el salario mínimo podría estar ganando cerca de cinco veces más que uno en Bulgaria. Una disparidad que se reduce al analizar el poder adquisitivo ajustado, pero que aún así evidencia la magnitud del reto.
La propuesta de Pedro Sánchez
Esta iniciativa de Pedro Sánchez de crear un salario mínimo común no solo se basa en tener una igualdad económica en los diferentes países sino que se inserta en una agenda más amplia en la que figuran aspectos importantes del Estado del bienestar. Esto va unido a temas como el acceso a la vivienda, salud o la educación pública. Con esta medida, el Presidente del Gobierno lo que pretende es reducir las desigualdades dentro de la Unión Europea.
En la práctica, establecer un salario mínimo de este tipo requeriría coordinación política entre los Estados miembros, acuerdos vinculantes sobre niveles salariales, y posiblemente una armonización social que hasta ahora ha sido más bien moderada en la UE. Además, tocaría delicadas materias de competencia nacional en materia laboral, cuestión que puede generar resistencias.
Retos de esta propuesta
El primer desafío es político: los 27 países de la Unión tienen realidades económicas, productivas y sociales muy diferentes. Algunos países con salarios mínimos bajos apuntan a que necesitan un margen de crecimiento antes de poder subir sus mínimos a niveles europeos mayores. Otro reto es técnico: definir cuál sería el «mínimo común». Porque esto supondría un gran cambio para muchos países ya que deberían adaptarse e incluso supondría un gran cambio para aquellos países que no tienen un salario mínimo en la actualidad.
