Un trabajador de la Fundación Hogar San Juan de Jerez ha presentado formalmente una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la dirección del centro asistencial y el Obispado de Asidonia-Jerez, por presuntas y graves vulneraciones de derechos fundamentales dentro de la entidad. La denuncia acusa a ambas instituciones de incurrir en situaciones de abuso de poder y falta de medidas adecuadas para empleados con discapacidad.
El denunciante, con un grado de discapacidad del 65% y movilidad reducida, sostiene que fue despedido mientras se encontraba de baja médica y sin que se le ofreciera la prórroga contractual que consideraba justa. Según relata, había alertado previamente sobre las carencias en materia de seguridad laboral que afectaban a su condición de «trabajador especialmente sensible». La denuncia detalla que estas deficiencias no solo afectarán a él, sino que perjudicaron de forma directa a otros empleados con discapacidad reconocida. Se señala que las limitaciones físicas y las necesidades clínicas del personal fueron sistemáticamente ignoradas, lo que llevó a una sobrecarga de funciones que vulneró sus derechos laborales.
Ante las preguntas de lavozdelsur.es, el Obispado de Asidonia-Jerez respondió instantáneo al denunciante a acudir a la vía judicial para aclarar los hechos. El Obispado manifestó además su confianza en la gestión y el reconocido trabajo que realiza el Hogar San Juan en la ciudad a favor de las personas más necesitadas. Sin embargo, según la parte denunciante, durante la conciliación celebrada en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), ya se comunicaron formalmente las acciones legales que se están preparando como consecuencia de esta situación.
En esa misma reunión, la parte demandante solicitó expresamente a la Fundación y al Obispado la entrega de documentación interna clave para esclarecer los hechos denunciados. No obstante, aseguran que la representación eclesiástica no entregó ningún documento ni facilitó información relevante. Por este motivo, insisten en que la institución debe abandonar su actitud de inacción y proporcionar toda la información requerida en el marco de los procedimientos judiciales actualmente en marcha.
Además de las supuestas irregularidades administrativas y laborales, el denunciante señala que el ambiente dentro del centro asistencial era hostil, despectivo y homófobo, generando así un entorno laboral tóxico. Denuncia también la filtración deliberada de datos personales y médicos privados, una acción que vulnera la confidencialidad y la legislación vigente en materia de protección de datos.
El trabajador afirma haber intentado denunciar estas irregularidades internamente mediante una audiencia privada con Monseñor José Rico Pavés, obispo de Jerez, al considerar que dirigirse a la dirección del centro era “casi imposible”. Según rememora, la respuesta institucional fue la inacción y, tras ello, su despido bajo la fórmula de “fin de contrato”, a pesar de que existían posibilidades de renovación contractual según su versión.
Este caso pone en evidencia posibles deficiencias en la gestión de derechos laborales y protección de trabajadores con discapacidad en entidades sociales vinculadas a instituciones religiosas, y abre un debate sobre la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen un entorno laboral seguro, respetuoso y justo para todos los empleados. La resolución de este conflicto dependerá ahora de los procesos judiciales que se han iniciado y que prometen arrojar luz sobre las presuntas vulnerabilidades denunciadas.
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