El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado que testifiquen en su defensa en el juicio por la trama de las mascarillas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esta petición se encuentra en el escrito de defensa presentado por Carlos Bautista, abogado que posteriormente renunció a la representación del exministro.
Los hechos enjuiciados, relacionados con la compra de mascarillas a la empresa Víctor de Aldama Soluciones de Gestión, están en el foco de atención del Tribunal Supremo y se remontan a 2020. En ese periodo, Armengol y Torres ocupaban los cargos de presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, y tanto ellos como Marlaska realizaron contrataciones con dicha empresa. Sin embargo, no se les imputan delitos.
El escrito al que ha tenido acceso 20minutos argumenta que Ábalos no influyó en las decisiones de contratación de Marlaska, Torres o Armengol hacia Soluciones de Gestión. En su defensa, Ábalos propone citar a los tres altos funcionarios para investigar «el proceso de adjudicación de mascarillas» desde sus respectivas instituciones durante la pandemia.
Además, el exministro ha solicitado la declaración de otros cargos públicos, como Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Javier Herrero, director general de Carreteras; Francisco Toledo, expresidente de Puertos del Estado; Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Interior; y Pedro Saura, actual presidente de Correos. También se incluyen testimonios de Mariano Moreno, extesorero del PSOE, y Celia Rodríguez, trabajadora del partido, quienes entregaron dinero a Koldo García y familiares para reembolsar gastos relacionados con Ábalos y su antiguo asesor.
En un documento de 117 folios, Ábalos rechaza cualquier implicación en lo que considera una supuesta corruptela y defiende la legalidad de los contratos de mascarillas celebrados por su ministerio. Rechaza además las afirmaciones que indican que recibió 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama, afirmando que «no existe un flujo de 10.000 euros mensuales provenientes del coimputado Aldama, ni directamente ni a través de intermediarios».
Finalmente, el escrito enfatiza que Ábalos no perteneció a ninguna organización criminal junto a Koldo García y que todas sus acciones como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE fueron completamente legales.
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